La COVID‑19 y el mundo del trabajo. Informe de la OIT

Desde la Organización Internacional del Trabajo, OIT, se ha publicado un informe con las estimaciones actualizadas y un análisis exhaustivo sobre las consecuencias en el empleo de la crisis ocasionada por la COVID19 en la que seguimos inmersos.

Os animamos a leerlo y compartirlo.

La COVID‑19 y el mundo del trabajo.

Pincha en el siguiente enlace: Observatorio de la OIT. 30 junio 2020. COVID y EMPLEO

 

A continuación indicamos algunos de los puntos y temas tratados en el informe:

 

Visión retrospectiva: incidencia
adversa en los mercados laborales
en la primera mitad de 2020

La pérdida de horas de trabajo es mucho
mayor que la que se había estimado.

Repercusión desproporcionada
en las mujeres que trabajan.

Políticas que fomenten una recuperación
basada en el empleo.

Cierre de lugares de trabajo.

Aumento de la cantidad
de horas de trabajo perdidas
en la primera mitad de 2020.

Incidencia desproporcionada en
las mujeres: la crisis de la COVID-19
podría conllevar un retroceso con
respecto a recientes avances logrados
en materia de igualdad de género.

El coronavirus ha mandado al paro a más mujeres que hombres

La pandemia se ceba con las mujeres trabajadoras.

Ellas tienen casi dos veces más de probabilidad de perder el empleo que los hombres a causa de la Covid. Aunque solo el 39% del empleo global se lleva a cabo por el género femenino, ellas se llevaron más de la mitad (el 54%) de las pérdidas de empleo causadas a raíz del coronavirus.

Son las abrumadoras cifras que salen de un reciente informe de la consultora McKinsey. Las consecuencias económicas de este desequilibrio pueden salir muy caras a la economía mundial. Estas mismas fuentes consideran que si no se toman iniciativas para frenar esta brecha de género en el desempleo, se restará cerca de un billón de dólares al crecimiento económico global en la próxima década. En cambio, si se apostara por reducir estas divergencias y se involucraran las mujeres en el mercado laboral, el PIB mundial podría ganar 13 billones para el 2030. ¿Por qué la Covid ha golpeado especialmente a este colectivo.

Un estudio del Fondo Monetario Internacional (FMI) esta semana señala cuatro posibles explicaciones.

Un primer factor es que las mujeres trabajan mas que los hombres en los llamados sectores sociales, que requieren interacciones personales, como comercio minorista, turismo, eventos.

Pero también en ramas de la administración pública, como los cuidados sociales, educación, áreas donde las mujeres representan más del 60% de la fuerza laboral en todo el mundo. Todos estos no solo son trabajos que han sido muy golpeados por el coronavirus (baste pensar en el cierre de un restaurante), sino que son actividades en las que el teletrabajo es prácticamente imposible.Una segunda explicación es que las mujeres, comparativamente, desempeñan sus tareas en el sector informal más que los hombres (esto ocurre sobre todo en los países en vías de desarrollo o aquí, como el caso de las empleadas del hogar). El hecho de cobrar en negro deja a estas mujeres sin prestaciones como las pensiones o seguro médico. A la hora de despedir, es más fácil prescindir de aquellas que no tienen contrato.

Ellas tienen casi dos veces más de probabilidad de perder el empleo que los hombres.

El tercer punto es que, como es sabido, las mujeres realizan más labores domésticas no remuneradas que los hombres. La diferencia varía según los países pero en promedio hablamos de 2,7 horas al día. De hecho, hay estudios que dicen que ellas llevan a cabo el 75% del trabajo no pagado, desde la crianza de los hijos hasta las tareas de limpieza. A causa del coronavirus, ellas han tenido que hacerse cargo de un cuidado familiar extra tras el cierre escolar o tener que asistir a los mayores, sujetos vulnerables y de riesgo.

Esta situación hace que tras el levantamiento de las medidas de confinamiento, su reincorporación al puesto de trabajo acabe siendo más lenta respecto a los hombres, al cargar con más responsabilidades. De acuerdo con los datos que maneja el FMI, en las familias con al menos un hijo menor de seis años, es tres veces más probable que el padre vuelva al trabajo a que lo haga la madre.

Por último, en los países menos avanzados socialmente y económicamente, las pandemias acostumbran a causar una pérdida de capital humano femenino. Por ejemplo, una vez que las niñas se hayan visto imposibilitadas de acudir a las escuelas, es más difícil que vuelvan a matricularse. Como detalle, en India, desde que entró el vigor el confinamiento, en los principales sitios web de matrimonios las nuevas inscripciones registraron aumentos del 30%: las familias quieren concertar acuerdos matrimoniales para asegurar el futuro de sus hijas.

A este catálogo de factores, McKinsey le añade un quinto: la automatización. Entre 40 y 160 millones de mujeres en el mundo necesitarán adaptarse a la transición tecnológica en la próxima década. Aunque en este caso no parece haber un sesgo de género a nivel de profesiones, la consultora subraya que ellas pueden tener más dificultades en adquirir nuevos conocimientos para ser competitivas en el mercado laboral al tener más difícil la conciliación para formarse.

 

 

FUENTE: lavanguardia.com

SUELO PEGAJOSO, TECHO DE CRISTAL Y CON LAS MANOS ATADAS

«SUELO PEGAJOSO, TECHO DE CRISTAL Y CON LAS MANOS ATADAS»

 

No es suficiente con tener que romper con la adhesividad del hogar y todas sus responsabilidades que cuando al fin lo conseguimos, aún tenemos que romper el techo de cristal, desarrollarnos laboralmente, con éxito, es toda una aventura.

A lo largo de la historia, las mujeres se han hecho cargo de las labores del hogar. Esto ha permitido la realización profesional del resto de personas que integran su unidad familiar, en especial los hombres. Cuando la mujer se introdujo en el «mundo de lobos» se encontró con un mundo donde no eran bien recibida a no ser, claro está, que la actividad laboral estuviera relacionada con labores de cuidado o domésticos.

En la actualidad, aún estamos muy lejos de conseguir una equidad laboral, donde exista una armonía entre todas las partes, así como corresponsabilidad en el ámbito del hogar. Aquí es donde encontramos términos como:

  • Suelo pegajoso: se dice de la realidad a través de la cual las mujeres sufren una serie de impedimentos que les impiden que se desarrolle en el mundo laboral o en la esfera de lo público.
  • Techo de cristal: se dice del límite invisible desde el exterior que impide el crecimiento laboral o ascenso a las mujeres dentro de una empresa.

Pero no se acaba aquí, hay una gran lista de desigualdades. Brecha salarial, autoeficacia aplicada al trabajo disminuida en mujeres por la segregación laboral y realidades sin oportunidades, escasa conciliación familiar/laboral, políticas inadecuadas, carga mental, estereotipos y prejuicios, diferentes tipos de acoso y un largo etc…

Para más información:

  • Intermón OXFAM ofrece una lista de desigualdades de género en el trabajo muy interesante. Enlace aquí
  • Sonia Agut y Pilar Martín en su investigación titulada «Factores que dificultan el acceso de las mujeres a puestos de responsabilidad: una revisión teórica» ofrecen también diferentes realidades donde las mujeres nos vemos paralizadas en el mundo laboral. Enlace aquí

 

Publicación realizada por Noemí Pérez para el programa de voluntariado del proyecto Empoderamiento e Igualdad -Empleo (2020) desarrollado por Fundación Mujeres y financiado por el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.

FUENTE: IGUALDAD Y EMPLEO 

Convenio de Colaboración con el programa SIAA de estudi6

ORIENTA firma un Convenio de Colaboración con el programa SIAA.

(Servicio de Información, Acompañamiento y Asesoramiento) que desarrolla estudi 6.

Se trata de una empresa social, con más de 25 años de experiencia al servicio de instituciones públicas y privadas, adaptándose siempre a las necesidades y realidades de los territorios y comunidades en las que trabaja.

 

Agradecemos la confianza en ORIENTA y deseamos establecer una larga relación de colaboración en beneficio de los colectivos para los que ambos programas trabajamos.

 

 

 

 

 

 

Principales OBSTÁCULOS de las mujeres en el empleo

Aunque se han llevado a cabo grandes avances, todavía son muchos los retos que ha de superar la sociedad para conseguir una plena igualdad de oportunidades para todos los géneros. Las mujeres continúan estando en una posición de clara desventaja con respecto a los hombres en el mundo laboral.

Estos son algunos de los obstáculos que se presentan hoy a las mujeres:

DESIGUALDAD SALARIAL ENTRE MUJERES Y HOMBRES

La brecha salarial entre mujeres y hombres es un hecho constatado. No se justifica ni por la formación, ni por el puesto, ni por el tamaño de la empresa, ni siquiera por la jornada que se realice. Por este motivo, la recomendación para medir la brecha salarial es dar el promedio salarial por hora trabajada. Según los últimos datos recogidos por Eurostat, la brecha se sitúa en el 15,1%. Esta es la diferencia entre el salario que cobra una española al mes y el que gana un español.

Hace unos meses, se aprobó el registro salarial por género, gracias al cual las empresas están obligadas a anotar los sueldos de la plantilla desglosados por género. Cualquier persona empleada puede acceder a este registro. Además, las empresas de más de 50 trabajadores están obligadas a elaborar un plan de igualdad e implementarlo en menos de tres años. Todavía tenemos que esperar un tiempo para analizar si estas medidas conseguirán reducir la brecha salarial.

PRECARIEDAD LABORAL Y MAYOR CARGA DE CUIDADOS

Uno de los indicadores que denotan que la mujer sufre mayor precariedad laboral que el hombre es atender al número de horas que están contratadas. Según datos recogidos por la Encuesta de Población Activa para el total del 2018, el 75,5% del trabajo a tiempo parcial lo realizan mujeres. El problema de este tipo de jornada es que es involuntario. Más de la mitad de las mujeres que trabajan a tiempo parcial desearían una jornada a tiempo completo.

Por otro lado, el 59,4% de las personas paradas son mujeres. Si se tienen en cuenta las cifras de paro de larga duración, es decir, las personas que llevan más un año sin encontrar trabajo, el porcentaje de mujeres se dispara hasta el 64%.

Pero uno de los indicadores más implacables de precariedad relacionada con la vida laboral es la brecha que aparece en el cobro de las pensiones. Todos los factores mencionados, unidos, principalmente, a que hace años las jornadas de muchas mujeres estaban dedicadas íntegramente a trabajo no remunerado, como el cuidado de menores, personas dependientes y del hogar, han tenido como consecuencia que ellas cobren menos que ellos a la hora de jubilarse. Los hombres cobran una pensión un tercio superior a la de las mujeres.

Súmesele a toda esta situación, que las mujeres cumplen en mayor medida una doble jornada que los hombres. Esto es, trabajan fuera de casa y, cuando llegan a su hogar, la jornada de cuidados y labores domésticas continúa muy por encima de lo que continúa la de los hombres.  Según datos de la última Encuesta de Empleo del Tiempo elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, el 92,2% de mujeres cumplen con este tipo de cometidos y dedica una media de 4,5 horas diarias a llevarlos a cabo. Sin embargo, el porcentaje de hombres con doble jornada se reduce hasta el 74,4% y su media de dedicación diaria es de tan solo 2,5 horas.

TECHO DE CRISTAL Y FUTURO EN LAS STEM

Hay que tener en cuenta que las mujeres no figuran por igual en todas las funciones, su número comienza a descender cuanto más aumenta el cargo. Es lo que se conoce como techo de cristal. Según un estudio del Instituto Europeo por la Igualdad de Género, solo el 21% de los cargos en consejos de administración de grandes empresas españolas están ocupados por mujeres.

Por otro lado, las mujeres tampoco tienen la misma presencia por sectores. Hay una clara infrarrepresentación de la mujer en las profesiones STEM, es decir, las relacionadas con titulaciones de Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, que son las que gozarán de mayor relevancia en el futuro. Según el último informe de Científicas en cifras, tan solo el 24% del personal investigador en universidades de Ingeniería y Tecnología son mujeres. Este mismo documento incide en que son notables las brechas de género a favor de los hombres en el conjunto de ayudas a proyectos de I+D+i.

Los estudios sobre este tema insisten en que es necesario incentivar la vocación científica desde la etapa infantil. A las niñas les falta referentes femeninos y hay una menor confianza en sus capacidades para la ciencia y las matemáticas. Esto provoca que solo un 20% de las estudiantes españolas elijan estudiar una carrera STEM.

FUENTE: synergie.es

Convenio de Colaboración con AMADIP ESMENT

El programa ORIENTA ha firmado recientemente un nuevo Convenio de Colaboración con una de las entidades de referencia y con mayor implantación en las Islas Baleares, en el trabajo con personas con discapacidad intelectual, con una antigüedad de más de 50 años.

Nuestro agradecimiento a AMADIP ESMENT.

Esperamos poder mantener a lo largo del tiempo sinergias de colaboración positivas y una fructífera relación en beneficio del colectivo y de las familias con las que ambas organizaciones trabajamos.

 

 

Si quieres conocer más sobre AMADIP ESMENT clicka aquí.

El Instituto de la Mujer publica el informe “Género y cambio climático: un diagnóstico de situación”

“Género y cambio climático: un diagnóstico de situación”

  • Trabajo pionero de recopilación de estudios de la última década sobre cambio climático con perspectiva de género, ofreciendo un completo análisis del tema
  • Describe la situación de las mujeres y hombres con respecto a las causas y consecuencias del cambio climático y detalla las iniciativas y políticas públicas realizadas en el ámbito internacional, nacional y autonómico

El Instituto de la Mujer ha publicado el informe “Género y Cambio Climático: un diagnóstico de situación”, que constituye un trabajo pionero de recopilación de análisis de la última década sobre cambio climático, desde la perspectiva de género, ofreciendo un amplio panorama sobre la materia.

El informe pone de manifiesto cómo las mujeres se ven más afectadas por las consecuencias del cambio climático, cómo tienen una mayor concienciación frente al mismo y cómo adoptan en mayor medida comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

Sus conclusiones señalan los principales desafíos a afrontar en la lucha contra el cambio climático:

  • Realizar una transición climática socialmente justa con sistemas de protección social adecuados que eviten bolsas de pobreza energética.
  • Medir de forma sistemática el impacto diferencial en mujeres y hombres y elaborar indicadores con información desagregada por sexos, que permitan realizar un seguimiento de la eficacia de las políticas desarrolladas y su contribución a la igualdad.
  • Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en el análisis de las necesidades, la adopción de decisiones y la puesta en marcha de actuaciones, tanto a nivel local como estatal o internacional.

Así mismo, entre las recomendaciones el informe destaca la necesidad de:

  • Introducir el enfoque de género en las líneas de acción relacionadas con la producción, gestión y uso de la energía, con los ecosistemas del agua, con la gestión y eliminación de residuos y la contaminación del aire, así como en la protección de la biodiversidad, los modelos de consumo o la agricultura sostenible.
  • Tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a capacidad, poder, resiliencia social, vulnerabilidad y recursos disponibles.
  • Aplicar la evaluación de impacto de género en las subvenciones a proyecto de lucha contra el cambio climático, valorando cuestiones como el análisis del territorio y la población afectada, y con datos desagregados por sexo.
  • Realizar análisis detallados con datos desagregados por sexo en materia de pobreza energética.
  • Realizar campañas de concienciación de la amenaza climática y de la necesidad de consumir recursos y eliminar residuos de forma responsable.
  • Aplicar políticas de igualdad efectiva en materia de urbanismo.
  • Propiciar la participación de las mujeres como agentes de cambio y en foros y eventos en los que se debata la respuesta contra el cambio climático.

El informe consta de tres partes: La primera es una aproximación a la situación de partida de hombres y mujeres ante algunos de los principales indicadores de sostenibilidad medioambiental, como los hábitos de consumo y movilidad, el impacto por sexos con respecto a la salud o la pobreza energética, la presencia de mujeres en el sector laboral medioambiental o en espacios de toma de decisión. La segunda versa sobre consecuencias del cambio climático sobre mujeres y hombres. Y en la tercera se analizan las diferentes actitudes ante el cambio climático y el medio ambiente.

Por último, se recoge amplia información sobre las políticas públicas que se están aplicando en materia de cambio climático con enfoque de género, tanto desde el ámbito internacional como desde el comunitario, nacional y local. En este sentido, se evidencia que la integración de la perspectiva de género en las estrategias internacionales es relativamente reciente, destacando la iniciativa de la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, celebrada en Nueva York en septiembre de 2019, liderada por España, junto con Perú. Igualmente recoge detalladamente la recopilación, realizada por el Instituto Europeo de Género, de los compromisos adquiridos en la Unión Europea en el último decenio sobre género y cambio climático; por último, describe los organismos españoles con competencias en la materia y las principales políticas públicas estatales y de las comunidades autónomas, incluidas las que están pendientes de aprobación a la fecha de publicación del estudio.

Algunos datos reflejados en el informe, a partir de las encuestas e investigaciones analizadas, son:

  • Las mujeres, niños y niñas pueden tener hasta 14 veces más probabilidades de morir en caso de desastres naturales en los países con más desigualdad de género.
  • El 80% de personas refugiadas climáticas son mujeres.
  • El 72 % de la población española considera importante la incidencia del consumo sobre el cambio climático, superando la media europea (67 %), por sexos, así lo consideran el 77 % de las mujeres, frente al 67 % de los hombres.
  • El 86,2 % de las mujeres considera totalmente o bastante importante la sostenibilidad de los productos de alimentación que compran, mientras que el porcentaje desciende 17,1 puntos porcentuales en los hombres. Un 84,3 % de ellas estarían dispuestas a pagar más por productos producidos de manera sostenible (4,1 puntos porcentuales más que los hombres). Y el 72 % han disminuido el consumo de carne, en este caso representan 12 puntos porcentuales más que los hombres.

Igualmente se manifiesta una mayor tendencia de las mujeres a separar de residuos, a utilizar medios de transporte público o compartidos.

FUENTE: INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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1. Beneficiarios individuales:

  • Personas de entre 23 y 65 años que vivan solas o que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que:
    • No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
    • No estén unidas a otra persona como pareja de hecho.
    • No formen parte de otra unidad de convivencia.
    • Hayan vivido de forma independiente durante al menos los tres años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Se entiende que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido de alta en la Seguridad Social al menos doce meses, continuados o no, siempre que acredite domicilio distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años.
  • Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
  • No tienen derecho a la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

2. Titulares de la unidad de convivencia:

Los titulares del IMV, es decir, las personas que perciben la prestación en nombre de la unidad de convivencia y la representan, deberán tener plena capacidad de obrar y una edad entre 23 y 65 años.

También podrán ser titulares, siempre que tengan plena capacidad de obrar:

  • Las  personas mayores de edad o menores emancipados, cuando tengan hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Los mayores de 65 años si la unidad de convivencia está solo formada por personas mayores de 65 años y menores de edad o personas incapacitadas judicialmente.En todo caso, en un mismo domicilio podrá haber como máximo dos titulares.

3. Unidad de convivencia:

  • La unidad de convivencia está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio, unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • También son unidades de convivencia:
    • La formada por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad
    • La formada por una persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio y sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
    • La formada por dos o más personas mayores de entre 23 y 65 años que habiten el mismo domicilio sin mantener entre sí una de las relaciones señaladas en los puntos anteriores, en los términos que se determinen y siempre que hayan vivido de forma independiente al menos los 3 años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Estas unidades de convivencia, o una persona beneficiaria individual pueden compartir vivienda con otra unidad de convivencia constituida por miembros de una familia o relación análoga.
  • La unidad de convivencia debe estar constituida de forma continuada durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.
  • No será necesario que la unidad de convivencia esté constituida con un año de antelación a la presentación de la solicitud en los siguientes supuestos:
    • Mujeres que hayan abandonado su domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
    • Personas que hayan iniciado los trámites de separación y divorcio, acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
    • Personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
    • En los supuestos en los que en la unidad de convivencia se integren nuevos miembros por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
    • Otros supuestos que se determinen reglamentariamente.
  • Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación, u otras circunstancias similares .
  • Una misma persona no puede formar parte de más de una unidad de convivencia.

Requisitos

Los siguientes requisitos deben cumplirse tanto en el momento de la presentación de la solicitud como de sus revisiones, y mantenerse al dictar la resolución y durante el tiempo de la percepción de la prestación:

1. Tener residencia en España:

Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud, con excepción de:

  • Las personas incorporadas a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual circunstancia que acreditarán mediante informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales.
  • Las mujeres víctima de violencia de género acreditada por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

2. Estar en situación de vulnerabilidad económica:     

Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros.

Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia.
No computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En 2020 esto equivale a 16.614 euros.

Cuando se trate de unidades de convivencia, no se considera en situación de vulnerabilidad económica cuando sean titulares de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior al que se indica en esta tabla en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

Escala de Incrementos Límite euros
Un adulto solo 16.614 16.614,00
Un adulto y un menor 1,4 23.259,60
Un adulto y dos menores 1,8 29.905,20
Un adulto y tres o más menores 2,2 36.550,80
Dos adultos 1,4 23.259,60
Dos adultos y un menor 1,8 29.905,20
Dos adultos y dos menores 2,2 36.550,80
Dos adultos y tres o más menores 2,6 43.196,40
Tres adultos 1,8 29.905,20
Tres adultos y un menor 2,2 36.550,80
Tres adultos y dos o más menores 2,6 43.196,40
Cuatro adultos 2,2 36.550,80
Cuatro adultos y un menor 2,6 43.196,40
Otros 2,6 43.196,40

Tampoco se consideran en situación de vulnerabilidad económica, con independencia de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil.

3. Haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que pueda tener derecho, en los términos que se fijen. Se exceptúan salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

4. Figurar inscritos como demandantes de empleo, cuando se trate de personas mayores de edad o menores emancipados, si no están trabajando.

La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 100, cuando exista identidad de causante o beneficiaros de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas.

Acreditación de los requisitos

1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.

4. La existencia de la unidad de convivencia  se acreditará mediante el  libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

5. La existencia de los siguientes tipos de unidad de convivencia se acreditará con el certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante:

    • La formada por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. Esta circunstancia se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género.
    • La formada por una persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio y sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. En este caso deberá acreditarse, además, con la presentación de la demanda o resolución judicial.
    • La formada por dos o más personas mayores de 23 años o menores de 65 que habiten el mismo domicilio sin mantener entre sí una de las relaciones señaladas en los puntos anteriores, en los términos que se determinen y siempre que hayan vivido de forma independiente al menos los 3 años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen.

6. La verificación del cumplimiento de los requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas Administraciones públicas.

En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o Diputaciones Forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario.

7. La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante acceso electrónico por parte de la entidad gestora.

8. No será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el registro de prestaciones sociales públicas.

Avanzar hacia la igualdad de género

Representantes políticos, de la sociedad civil y la ONU debaten en un ciclo de conferencias cómo acelerar el cumplimiento de la Declaración de Beijing sobre los derechos de las mujeres 25 años después de su aprobación.

 

Hoy, en tiempos de guardar las distancias, sería impensable reunir a 17.000 personas en un mismo foro para debatir cómo mejorar la vida de las mujeres, erradicar la violencia de su alrededor, que tengan las mismas oportunidades que los varones y alcanzar así la igualdad de género. Eso ya sucedió en septiembre de 1995 en Pekín, donde nació la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que este 2020 celebra sin fastos su 25º aniversario. El balance de lo conseguido es agridulce: algunos avances se han producido, pero todavía queda demasiado camino por recorrer. Y los encuentros internacionales para dar un nuevo impulso al «plan más progresista que jamás había existido para promover los derechos de la mujer», en palabras de la ONU, han sido eclipsados por la pandemia de la covid-19.

Una de las grandes citas era el Foro Generación Igualdad, auspiciado por ONU Mujeres junto con México y Francia. La reunión, prevista para el próximo julio en París, se ha pospuesto al primer trimestre de 2021. Un poco más de tiempo para que los participantes preparen sus propuestas de acciones concretas para lograr la igualdad de género. Las organizaciones feministas y de la sociedad civil se han adaptado a la coyuntura para trasladar sus reuniones preparatorias al entorno digital. Es el caso del ciclo de debates organizado por Futuro en Común, el grupo de género de Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Federación de Planificación Familiar Estatal y Oxfam Intermón, con el apoyo del Ministerio de Exteriores, la Comisión Europea y Countdown 2030.

Cada día se dedican en todo el planeta 16.400 millones de horas a trabajos de cuidados no remunerados, lo que equivale a 2.000 millones de personas trabajando ocho horas al día sin cobrar. Y según la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres realizan el 76,2% de tales tareas, dedicándole de media 3,2 veces más tiempo que los hombres (265 minutos al día ellas, frente a 83 minutos diarios ellos). En algunos países, la contribución de los varones ha aumentado en los 20 últimos años. Sin embargo, entre 1997 y 2012, la brecha de género en el tiempo dedicado a la prestación de cuidados no remunerada apenas disminuyó en siete mi­nutos en los 23 países que cuentan con series cronológicas de datos. «A este ritmo, cerrar la brecha de género en la prestación de cuidados no remunerada llevará 210 años», denuncia la OIT en su informe El trabajo de cuidados y los trabajadores.

Más de dos siglos llevará también, al ritmo actual, cerrar la brecha salarial, según alerta el Foro Económico Mundial en sus últimas ediciones. ¿Cómo acelerar los progresos? ¿Qué se puede hacer para cerrar estas y otras brechas más rápido? ¿Es la reconstrucción tras la pandemia una oportunidad de conseguirlo? Son cuestiones que los organizadores esperan sean respondidas con propuestas que se hagan realidad.

 

FUENTE: EL PAÍS

GRAN NOTICIA – APROBADO EL INGRESO MÍNIMO VITAL

ADJUNTAMOS BOE con todos los detalles: INGRESO MINIMO VITAL BOE 154 01-06-20

Respuesta a todas las preguntas sobre el IMV

  • Llegará a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares en los que viven menores
  • Supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas
  • Será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo en forma de bonus para quienes empiecen a trabajar o aumenten el número de horas de ocupación
  • Se establece un amplio abanico de tipologías de hogar, cada una con un nivel de renta garantizado que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales.

Ya está disponible el simulador, clicka aquí: SIMULADOR DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

Teléfono gratuito

Tanto la web como la sede electrónica de la Seguridad Social recuerdan además que se ha habilitado un teléfono de información gratuito en el

900 20 22 22 en horario de 09:00 a 14:30 horas.

Se ha creado además, en la web de la Seguridad Social, un apartado específico sobre el IMV con preguntas frecuentes en el apartado de consultas, al que puede acceder desde este enlace.

El Ingreso Mínimo Vital, que será de carácter permanente, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.

Según las estimaciones, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños.

De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer.

El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales, según se indica en la tabla inferior.

tabla

Anclaje de la Renta Garantizable (1)     

Escala de Incrementos (2)          

Renta Garantizable

        El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar.

Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales.

El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.

EN QUÉ CONSISTE

  • El Ingreso Mínimo Vital es una prestación para hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales.
  • En cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación.
  • Si el hogar está formado por una sola persona el titular tendrá entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar.
  • Si el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al menos un año.
  • Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia.

Además, para certificar que el Ingreso Mínimo Vital llegue a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio.

La solicitud será multicanal.

Se podrá presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario.

Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público.

 MÁS QUE UNA MENSUALIDAD

El Ingreso Mínimo Vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor.

Los beneficiarios/as contarán con incentivos a la contratación y también se creará un “Sello Social” para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.

Además, se fomentará la participación en el mercado laboral con incentivos.

Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. En el caso de que esté ocupado, cuando su salario se incremente, la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior.

En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

El resultado del Ingreso Mínimo Vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente opinión.

El Ingreso Mínimo Vital llegará a 850.000 hogares que se encuentran entre el 17% más pobre de la población, con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales.

Su finalidad es no dejar a nadie atrás y prácticamente erradicará la pobreza extrema en España.

Aspira a la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica a través de una prestación diseñada de forma innovadora, al poner en marcha una política social focalizada, evaluable y coordinada.

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

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