Aumentar la especialización de los juzgados, garantizar que las víctimas de violencia de género cuenten con un abogado desde el momento en el que acuden a la comisaría y potenciar el uso de las pulseras de control telemático a los agresores. Son algunas de las medidas acordadas este lunes en el pleno del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), convocado para analizar el incremento de asesinatos machistas.
La reunión estaba prevista para el mes de febrero, pero se adelantó ante el aumento de feminicidios que dejaron un mes negro en diciembre (con 11 mujeres asesinadas en manos de sus parejas o exparejas). El propósito era analizar las lagunas del sistema a la hora de proteger a las mujeres y plantear posibles mejoras; algo que cobra especial relevancia teniendo en cuenta que solo en lo que va de año ya se han producido seis feminicidios.
Uno de los puntos acordados este lunes por el Pleno del Observatorio es la necesidad de «seguir insistiendo» en la especialización de los juzgados de lo Penal y en la ampliación de la competencia territorial de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (actualmente solo hay 32 especializados en todo el país).
El objetivo, inciden desde el CGPJ, es que todas las víctimas «sean atendidas por profesionales especializados en esta materia». Esto es, que cualquier juez, fiscal, policía, forense, trabajador social o abogado que esté en contacto con las víctimas en cualquier fase del proceso, cuente con una formación específica en violencia machista. Igualmente, se ha puesto de manifiesto la importancia de modificar la ley para ampliar la competencia de los órganos judiciales especializados a todos los casos de delitos contra la libertad sexual.
En esta línea, y a propuesta del Consejo General de la Abogacía Española, el Pleno ha decidido hacer obligatoria la asistencia jurídica a las víctimas incluso antes de que estas hayan interpuesto una denuncia, y que se «facilite» la presencia de los procuradores desde que se inicia el procedimiento en el juzgado de guardia que corresponda.
Potenciar el uso de pulseras telemáticas
También este lunes se ha incidido en un asunto que lleva semanas encima de la mesa: impulsar el uso de los dispositivos electrónicos de control (las conocidas como pulseras o tobilleras), ante la efectividad que ha demostrado tener esta medida. Por ello, tanto la Fiscalía como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado propondrán a partir de ahora la implantación de las pulseras en todas aquellas situaciones que se consideren de «especial relevancia».
También para mejorar la protección de las víctimas se ha instado a perfeccionar el sistema de valoración del riesgo en los casos de agresores «persistentes». El Ministerio del Interior ya propuso hace semanas una medida que consiste en alertar a las mujeres que convivan con agresores con antecedentes, pero todavía trabajan en la fórmula legal para poder hacerlo sin que suponga una vulneración de las leyes de protección de datos.
Unidades de valoración forense en todo el territorio
Otra de las medidas acordadas responde a una reivindicación que vienen haciendo durante años los profesionales que trabajan con víctimas de violencia de género: que en todo el territorio haya departamento de valoración forense.
Es algo que, además, ya apuntó la Fiscalía General del Estado (FGE) hace dos semanas. Y es que, pese a que los fiscales cuentan con la valoración de riesgo policial a través del sistema VioGén, «no es siempre suficiente» y en la mayoría de casos se necesita la valoración forense (elaborada por forenses, psicólogos y trabajadores sociales) para dar una respuesta más adecuada a la situación de la víctima. Por ello, también se ha decidido poner en marcha un «protocolo de valoración forense urgente del riesgo» en todos los partidos judiciales.
«La atención directa y especializada a las víctimas de la violencia machista está en el epicentro de las propuestas del Observatorio, que aboga por dar un impulso a la creación de las oficinas de atención a las víctimas y por que el Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas coordinen sus actuaciones para mejorar la atención a las mujeres víctimas», subraya el CGPJ.
Pide reformar la ley del Poder Judicial
Por último, la presidenta del Observatorio, Ángeles Carmona, ha pedido que se modifique la ley del poder judicial y que se le devuelva al órgano de gobierno de los jueces la potestad para modificar el Reglamento, «que perdió al serle limitadas sus competencias» por la reforma impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez en 2021.
Según Carmona, esa limitación de las competencias propicio que el CGPJ no pudiera poner en marcha los cursos y las pruebas de especialización en violencia sobre la mujer. De este modo, ha señalado la necesidad de «promover las reformas necesarias para que los cursos en materia de violencia de género sean obligatorios, no solo para los miembros de la Carrera Judicial que accedan a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, sino también para los que presten servicio en cualquier órgano judicial que tenga competencia en esta materia».
Seis asesinadas en 2023
Ya son seis las mujeres que han muerto a manos de sus parejas o exparejas en lo que llevamos de año (uno de los casos está en investigación) y la mitad de los agresores acumulaba antecedentes por malos tratos. Así, se eleva a 1.188 el número de mujeres asesinadas por violencia de género desde que se tienen registros (2003).
También este lunes, el Ministerio de Igualdad ha convocado el que será el segundo comité de crisis en menos de un mes para analizar los últimos crímenes machistas. El repunte de feminicidios en los últimos dos meses han generado una alarma social y política, también en el seno del Gobierno, que trabaja en detectar los puntos débiles a la hora de «llegar a tiempo» con las víctimas y mejorar la respuesta de las instituciones.
