Convenio de Colaboración con AMADIP ESMENT

El programa ORIENTA ha firmado recientemente un nuevo Convenio de Colaboración con una de las entidades de referencia y con mayor implantación en las Islas Baleares, en el trabajo con personas con discapacidad intelectual, con una antigüedad de más de 50 años.

Nuestro agradecimiento a AMADIP ESMENT.

Esperamos poder mantener a lo largo del tiempo sinergias de colaboración positivas y una fructífera relación en beneficio del colectivo y de las familias con las que ambas organizaciones trabajamos.

 

 

Si quieres conocer más sobre AMADIP ESMENT clicka aquí.

El Instituto de la Mujer publica el informe “Género y cambio climático: un diagnóstico de situación”

“Género y cambio climático: un diagnóstico de situación”

  • Trabajo pionero de recopilación de estudios de la última década sobre cambio climático con perspectiva de género, ofreciendo un completo análisis del tema
  • Describe la situación de las mujeres y hombres con respecto a las causas y consecuencias del cambio climático y detalla las iniciativas y políticas públicas realizadas en el ámbito internacional, nacional y autonómico

El Instituto de la Mujer ha publicado el informe “Género y Cambio Climático: un diagnóstico de situación”, que constituye un trabajo pionero de recopilación de análisis de la última década sobre cambio climático, desde la perspectiva de género, ofreciendo un amplio panorama sobre la materia.

El informe pone de manifiesto cómo las mujeres se ven más afectadas por las consecuencias del cambio climático, cómo tienen una mayor concienciación frente al mismo y cómo adoptan en mayor medida comportamientos respetuosos con el medio ambiente.

Sus conclusiones señalan los principales desafíos a afrontar en la lucha contra el cambio climático:

  • Realizar una transición climática socialmente justa con sistemas de protección social adecuados que eviten bolsas de pobreza energética.
  • Medir de forma sistemática el impacto diferencial en mujeres y hombres y elaborar indicadores con información desagregada por sexos, que permitan realizar un seguimiento de la eficacia de las políticas desarrolladas y su contribución a la igualdad.
  • Fomentar la participación paritaria de mujeres y hombres en el análisis de las necesidades, la adopción de decisiones y la puesta en marcha de actuaciones, tanto a nivel local como estatal o internacional.

Así mismo, entre las recomendaciones el informe destaca la necesidad de:

  • Introducir el enfoque de género en las líneas de acción relacionadas con la producción, gestión y uso de la energía, con los ecosistemas del agua, con la gestión y eliminación de residuos y la contaminación del aire, así como en la protección de la biodiversidad, los modelos de consumo o la agricultura sostenible.
  • Tener en cuenta las diferencias entre mujeres y hombres en cuanto a capacidad, poder, resiliencia social, vulnerabilidad y recursos disponibles.
  • Aplicar la evaluación de impacto de género en las subvenciones a proyecto de lucha contra el cambio climático, valorando cuestiones como el análisis del territorio y la población afectada, y con datos desagregados por sexo.
  • Realizar análisis detallados con datos desagregados por sexo en materia de pobreza energética.
  • Realizar campañas de concienciación de la amenaza climática y de la necesidad de consumir recursos y eliminar residuos de forma responsable.
  • Aplicar políticas de igualdad efectiva en materia de urbanismo.
  • Propiciar la participación de las mujeres como agentes de cambio y en foros y eventos en los que se debata la respuesta contra el cambio climático.

El informe consta de tres partes: La primera es una aproximación a la situación de partida de hombres y mujeres ante algunos de los principales indicadores de sostenibilidad medioambiental, como los hábitos de consumo y movilidad, el impacto por sexos con respecto a la salud o la pobreza energética, la presencia de mujeres en el sector laboral medioambiental o en espacios de toma de decisión. La segunda versa sobre consecuencias del cambio climático sobre mujeres y hombres. Y en la tercera se analizan las diferentes actitudes ante el cambio climático y el medio ambiente.

Por último, se recoge amplia información sobre las políticas públicas que se están aplicando en materia de cambio climático con enfoque de género, tanto desde el ámbito internacional como desde el comunitario, nacional y local. En este sentido, se evidencia que la integración de la perspectiva de género en las estrategias internacionales es relativamente reciente, destacando la iniciativa de la Cumbre sobre la Acción Climática de la ONU, celebrada en Nueva York en septiembre de 2019, liderada por España, junto con Perú. Igualmente recoge detalladamente la recopilación, realizada por el Instituto Europeo de Género, de los compromisos adquiridos en la Unión Europea en el último decenio sobre género y cambio climático; por último, describe los organismos españoles con competencias en la materia y las principales políticas públicas estatales y de las comunidades autónomas, incluidas las que están pendientes de aprobación a la fecha de publicación del estudio.

Algunos datos reflejados en el informe, a partir de las encuestas e investigaciones analizadas, son:

  • Las mujeres, niños y niñas pueden tener hasta 14 veces más probabilidades de morir en caso de desastres naturales en los países con más desigualdad de género.
  • El 80% de personas refugiadas climáticas son mujeres.
  • El 72 % de la población española considera importante la incidencia del consumo sobre el cambio climático, superando la media europea (67 %), por sexos, así lo consideran el 77 % de las mujeres, frente al 67 % de los hombres.
  • El 86,2 % de las mujeres considera totalmente o bastante importante la sostenibilidad de los productos de alimentación que compran, mientras que el porcentaje desciende 17,1 puntos porcentuales en los hombres. Un 84,3 % de ellas estarían dispuestas a pagar más por productos producidos de manera sostenible (4,1 puntos porcentuales más que los hombres). Y el 72 % han disminuido el consumo de carne, en este caso representan 12 puntos porcentuales más que los hombres.

Igualmente se manifiesta una mayor tendencia de las mujeres a separar de residuos, a utilizar medios de transporte público o compartidos.

FUENTE: INSTITUTO DE LA MUJER Y PARA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES

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1. Beneficiarios individuales:

  • Personas de entre 23 y 65 años que vivan solas o que, aunque compartan domicilio con una unidad de convivencia, no se integren en ella, siempre que:
    • No estén casadas, salvo que hayan iniciado los trámites de separación o divorcio.
    • No estén unidas a otra persona como pareja de hecho.
    • No formen parte de otra unidad de convivencia.
    • Hayan vivido de forma independiente durante al menos los tres años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Se entiende que una persona ha vivido de forma independiente si ha permanecido de alta en la Seguridad Social al menos doce meses, continuados o no, siempre que acredite domicilio distinto al de sus progenitores, tutores o acogedores durante los tres años.
  • Mujeres mayores de edad víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
  • No tienen derecho a la prestación las personas usuarias de una prestación de servicio residencial, de carácter social, sanitario o sociosanitario, con carácter permanente y financiada con fondos públicos, salvo en el supuesto de mujeres víctimas de violencia de género o víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.

2. Titulares de la unidad de convivencia:

Los titulares del IMV, es decir, las personas que perciben la prestación en nombre de la unidad de convivencia y la representan, deberán tener plena capacidad de obrar y una edad entre 23 y 65 años.

También podrán ser titulares, siempre que tengan plena capacidad de obrar:

  • Las  personas mayores de edad o menores emancipados, cuando tengan hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Los mayores de 65 años si la unidad de convivencia está solo formada por personas mayores de 65 años y menores de edad o personas incapacitadas judicialmente.En todo caso, en un mismo domicilio podrá haber como máximo dos titulares.

3. Unidad de convivencia:

  • La unidad de convivencia está formada por todas las personas que vivan en un mismo domicilio, unidas por vínculo matrimonial o como pareja de hecho, y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad, adopción, y otras personas con las que conviva en virtud de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • También son unidades de convivencia:
    • La formada por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar habitual acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad
    • La formada por una persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio y sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
    • La formada por dos o más personas mayores de entre 23 y 65 años que habiten el mismo domicilio sin mantener entre sí una de las relaciones señaladas en los puntos anteriores, en los términos que se determinen y siempre que hayan vivido de forma independiente al menos los 3 años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen. Estas unidades de convivencia, o una persona beneficiaria individual pueden compartir vivienda con otra unidad de convivencia constituida por miembros de una familia o relación análoga.
  • La unidad de convivencia debe estar constituida de forma continuada durante al menos el año anterior a la presentación de la solicitud.
  • No será necesario que la unidad de convivencia esté constituida con un año de antelación a la presentación de la solicitud en los siguientes supuestos:
    • Mujeres que hayan abandonado su domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado de consanguinidad o afinidad.
    • Personas que hayan iniciado los trámites de separación y divorcio, acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad.
    • Personas víctimas de trata de seres humanos y explotación sexual.
    • En los supuestos en los que en la unidad de convivencia se integren nuevos miembros por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
    • Otros supuestos que se determinen reglamentariamente.
  • Se considerará que no rompe la convivencia la separación transitoria por razón de estudios, trabajo, tratamiento médico, rehabilitación, u otras circunstancias similares .
  • Una misma persona no puede formar parte de más de una unidad de convivencia.

Requisitos

Los siguientes requisitos deben cumplirse tanto en el momento de la presentación de la solicitud como de sus revisiones, y mantenerse al dictar la resolución y durante el tiempo de la percepción de la prestación:

1. Tener residencia en España:

Los beneficiarios individuales o miembros de una unidad de convivencia deben tener residencia legal y efectiva en España de forma continuada e ininterrumpida durante al menos el año anterior a presentar la solicitud, con excepción de:

  • Las personas incorporadas a la unidad de convivencia por nacimiento, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente.
  • Las personas víctimas de trata de seres humanos y de explotación sexual circunstancia que acreditarán mediante informe emitido por los servicios públicos encargados de la atención integral a estas víctimas o por los servicios sociales.
  • Las mujeres víctima de violencia de género acreditada por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.

2. Estar en situación de vulnerabilidad económica:     

Para determinar la situación de vulnerabilidad económica se toma en consideración la capacidad económica de la persona solicitante individual o de la unidad de convivencia, computando los recursos de todos sus miembros.

Este requisito se cumple cuando el promedio mensual de ingresos y rentas anuales computables del ejercicio anterior sea inferior al menos en 10 euros a la cuantía mensual garantizada por el ingreso mínimo vital que corresponda según la modalidad y el número de miembros de la unidad de convivencia.
No computan como ingresos los salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

No se considera en situación de vulnerabilidad económica la persona beneficiaria individual que sea titular de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior a tres veces la cuantía correspondiente de renta garantizada por el ingreso mínimo vital para una persona beneficiaria individual. En 2020 esto equivale a 16.614 euros.

Cuando se trate de unidades de convivencia, no se considera en situación de vulnerabilidad económica cuando sean titulares de un patrimonio, sin incluir la vivienda habitual, valorado en un importe igual o superior al que se indica en esta tabla en función del tamaño y configuración de la unidad de convivencia.

Escala de Incrementos Límite euros
Un adulto solo 16.614 16.614,00
Un adulto y un menor 1,4 23.259,60
Un adulto y dos menores 1,8 29.905,20
Un adulto y tres o más menores 2,2 36.550,80
Dos adultos 1,4 23.259,60
Dos adultos y un menor 1,8 29.905,20
Dos adultos y dos menores 2,2 36.550,80
Dos adultos y tres o más menores 2,6 43.196,40
Tres adultos 1,8 29.905,20
Tres adultos y un menor 2,2 36.550,80
Tres adultos y dos o más menores 2,6 43.196,40
Cuatro adultos 2,2 36.550,80
Cuatro adultos y un menor 2,6 43.196,40
Otros 2,6 43.196,40

Tampoco se consideran en situación de vulnerabilidad económica, con independencia de la valoración del patrimonio, las personas beneficiarias individuales o las personas que se integren en una unidad de convivencia en la que cualquiera de sus miembros sea administrador de derecho de una sociedad mercantil.

3. Haber solicitado las pensiones y prestaciones a las que pueda tener derecho, en los términos que se fijen. Se exceptúan salarios sociales, rentas mínimas de inserción y ayudas análogas de asistencia social concedidas por las comunidades autónomas.

4. Figurar inscritos como demandantes de empleo, cuando se trate de personas mayores de edad o menores emancipados, si no están trabajando.

La percepción de la prestación del ingreso mínimo vital será incompatible con la percepción de la asignación económica por hijo o menor acogido a cargo, sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por 100, cuando exista identidad de causante o beneficiaros de esta, sin perjuicio de la posibilidad de ejercer el derecho de opción por una de ellas.

Acreditación de los requisitos

1. La identidad tanto de las personas solicitantes como de las que forman la unidad de convivencia, se acreditará mediante el documento nacional de identidad en el caso de los españoles o el libro de familia o certificado literal de nacimiento, en el caso de los menores de 14 años que no tengan documento nacional de identidad, y mediante el documento de identidad de su país de origen o de procedencia, o el pasaporte, en el caso de los ciudadanos extranjeros.

2. La residencia legal en España se acreditará mediante la inscripción en el registro central de extranjeros, en el caso de nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, Espacio Económico Europeo o la Confederación Suiza, o con tarjeta de familiar de ciudadano de la Unión o autorización de residencia, en cualquiera de sus modalidades, en el caso de extranjeros de otra nacionalidad.

3. El domicilio en España se acreditará con el certificado de empadronamiento.

4. La existencia de la unidad de convivencia  se acreditará mediante el  libro de familia, certificado del registro civil, inscripción en un registro de parejas de hecho y certificado de empadronamiento en la misma vivienda.

5. La existencia de los siguientes tipos de unidad de convivencia se acreditará con el certificado de empadronamiento donde consten todas las personas empadronadas en el domicilio del solicitante:

    • La formada por una persona víctima de violencia de género que haya abandonado su domicilio familiar acompañada de sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. Esta circunstancia se acreditará por cualquiera de los medios establecidos en el artículo 23 de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de protección Integral contra la Violencia de Género.
    • La formada por una persona que haya iniciado los trámites de separación o divorcio y sus hijos o menores en régimen de guarda con fines de adopción o acogimiento familiar permanente y sus familiares hasta el segundo grado por consanguinidad o afinidad. En este caso deberá acreditarse, además, con la presentación de la demanda o resolución judicial.
    • La formada por dos o más personas mayores de 23 años o menores de 65 que habiten el mismo domicilio sin mantener entre sí una de las relaciones señaladas en los puntos anteriores, en los términos que se determinen y siempre que hayan vivido de forma independiente al menos los 3 años anteriores a la solicitud, salvo que hayan abandonado el domicilio habitual por ser víctimas de violencia de género, hayan iniciado trámites de separación o divorcio u otras circunstancias que se determinen.

6. La verificación del cumplimiento de los requisitos de ingresos y patrimonio para el acceso y mantenimiento de la prestación económica de ingreso mínimo vital, se realizará por la entidad gestora conforme a la información que se recabe por medios telemáticos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y en las Haciendas Tributarias Forales de Navarra y de los territorios históricos del País Vasco. A tales efectos, se tomará como referencia la información que conste en esas Haciendas Públicas respecto del ejercicio anterior a aquel en el que se realiza esa actividad de reconocimiento o control, o en su defecto, la información que conste más actualizada en dichas Administraciones públicas.

En su solicitud, cada interesado autorizará expresamente a la administración que tramita su solicitud para que recabe sus datos tributarios de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, de las Administraciones Tributarias de las Comunidades Autónomas, de la Hacienda Foral de Navarra o Diputaciones Forales del País Vasco y de la Dirección General del Catastro Inmobiliario.

7. La situación de demandante de empleo quedará acreditada con el documento expedido al efecto por la administración competente o mediante acceso electrónico por parte de la entidad gestora.

8. No será exigible al solicitante la acreditación de hechos, datos o circunstancias que la Administración de la Seguridad Social deba conocer por sí misma, tales como la situación del beneficiario en relación con el sistema de la Seguridad Social; o la percepción por los miembros de la unidad de convivencia de otra prestación económica que conste en el registro de prestaciones sociales públicas.

Avanzar hacia la igualdad de género

Representantes políticos, de la sociedad civil y la ONU debaten en un ciclo de conferencias cómo acelerar el cumplimiento de la Declaración de Beijing sobre los derechos de las mujeres 25 años después de su aprobación.

 

Hoy, en tiempos de guardar las distancias, sería impensable reunir a 17.000 personas en un mismo foro para debatir cómo mejorar la vida de las mujeres, erradicar la violencia de su alrededor, que tengan las mismas oportunidades que los varones y alcanzar así la igualdad de género. Eso ya sucedió en septiembre de 1995 en Pekín, donde nació la Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, que este 2020 celebra sin fastos su 25º aniversario. El balance de lo conseguido es agridulce: algunos avances se han producido, pero todavía queda demasiado camino por recorrer. Y los encuentros internacionales para dar un nuevo impulso al «plan más progresista que jamás había existido para promover los derechos de la mujer», en palabras de la ONU, han sido eclipsados por la pandemia de la covid-19.

Una de las grandes citas era el Foro Generación Igualdad, auspiciado por ONU Mujeres junto con México y Francia. La reunión, prevista para el próximo julio en París, se ha pospuesto al primer trimestre de 2021. Un poco más de tiempo para que los participantes preparen sus propuestas de acciones concretas para lograr la igualdad de género. Las organizaciones feministas y de la sociedad civil se han adaptado a la coyuntura para trasladar sus reuniones preparatorias al entorno digital. Es el caso del ciclo de debates organizado por Futuro en Común, el grupo de género de Coordinadora de ONG para el Desarrollo, la Federación de Planificación Familiar Estatal y Oxfam Intermón, con el apoyo del Ministerio de Exteriores, la Comisión Europea y Countdown 2030.

Cada día se dedican en todo el planeta 16.400 millones de horas a trabajos de cuidados no remunerados, lo que equivale a 2.000 millones de personas trabajando ocho horas al día sin cobrar. Y según la Organización Mundial del Trabajo, las mujeres realizan el 76,2% de tales tareas, dedicándole de media 3,2 veces más tiempo que los hombres (265 minutos al día ellas, frente a 83 minutos diarios ellos). En algunos países, la contribución de los varones ha aumentado en los 20 últimos años. Sin embargo, entre 1997 y 2012, la brecha de género en el tiempo dedicado a la prestación de cuidados no remunerada apenas disminuyó en siete mi­nutos en los 23 países que cuentan con series cronológicas de datos. «A este ritmo, cerrar la brecha de género en la prestación de cuidados no remunerada llevará 210 años», denuncia la OIT en su informe El trabajo de cuidados y los trabajadores.

Más de dos siglos llevará también, al ritmo actual, cerrar la brecha salarial, según alerta el Foro Económico Mundial en sus últimas ediciones. ¿Cómo acelerar los progresos? ¿Qué se puede hacer para cerrar estas y otras brechas más rápido? ¿Es la reconstrucción tras la pandemia una oportunidad de conseguirlo? Son cuestiones que los organizadores esperan sean respondidas con propuestas que se hagan realidad.

 

FUENTE: EL PAÍS

GRAN NOTICIA – APROBADO EL INGRESO MÍNIMO VITAL

ADJUNTAMOS BOE con todos los detalles: INGRESO MINIMO VITAL BOE 154 01-06-20

Respuesta a todas las preguntas sobre el IMV

  • Llegará a 850.000 hogares en los que viven 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares en los que viven menores
  • Supondrá la práctica erradicación de la pobreza extrema, que actualmente afecta a 600.000 hogares y 1,6 millones de personas
  • Será compatible con rentas salariales e incluirá incentivos al empleo en forma de bonus para quienes empiecen a trabajar o aumenten el número de horas de ocupación
  • Se establece un amplio abanico de tipologías de hogar, cada una con un nivel de renta garantizado que oscila entre los 5.538 y 12.184 euros anuales.

Ya está disponible el simulador, clicka aquí: SIMULADOR DEL INGRESO MÍNIMO VITAL

Teléfono gratuito

Tanto la web como la sede electrónica de la Seguridad Social recuerdan además que se ha habilitado un teléfono de información gratuito en el

900 20 22 22 en horario de 09:00 a 14:30 horas.

Se ha creado además, en la web de la Seguridad Social, un apartado específico sobre el IMV con preguntas frecuentes en el apartado de consultas, al que puede acceder desde este enlace.

El Ingreso Mínimo Vital, que será de carácter permanente, tiene como principales objetivos la redistribución de la renta, con la intención de erradicar la pobreza extrema, y la inclusión social y participación en el mercado laboral de las personas en situación de vulnerabilidad.

Su puesta en marcha se ha acelerado para ayudar a cubrir las situaciones de vulnerabilidad causadas por la COVID-19, que se suman a las de las familias que ya se encontraban en dificultades previamente.

Según las estimaciones, la nueva prestación podría alcanzar los 850.000 hogares beneficiarios, en los que viven más de 2,3 millones de personas, con especial incidencia en los hogares con niños.

De hecho, de los 2,3 millones de potenciales beneficiarios, un 30% son menores. También habrá una incidencia mayor entre los hogares monoparentales, que supondrán el 16% de los beneficiarios. Dentro de ellos, casi un 90% están encabezados por una mujer.

El nivel mínimo, que corresponde a los hogares unipersonales, es de 5.538 euros al año, el equivalente a una pensión no contributiva. A partir de esta cuantía se establece un coeficiente adicional por cada miembro del hogar y un beneficio para los hogares monoparentales, según se indica en la tabla inferior.

tabla

Anclaje de la Renta Garantizable (1)     

Escala de Incrementos (2)          

Renta Garantizable

        El Ingreso Mínimo Vital está diseñado de forma que completa las rentas preexistentes (entre otras, las salariales), hasta el umbral garantizado para cada tipo de hogar.

Si no se cuenta con rentas, se aseguraría la totalidad del umbral garantizado; pero si se dispone de ellas, se cubriría la diferencia entre el umbral garantizado y la renta ya existente. De esta forma, la renta media garantizada es de 10.070 euros al año por hogar, mientras que el importe de la prestación será de unos 4.400 euros anuales.

El presupuesto anual ascenderá a 3.000 millones de euros al año.

EN QUÉ CONSISTE

  • El Ingreso Mínimo Vital es una prestación para hogares de cualquier tamaño, también los unipersonales.
  • En cada hogar habrá un titular que solicitará la prestación.
  • Si el hogar está formado por una sola persona el titular tendrá entre 23 y 65 años y llevar al menos tres años constituido como hogar.
  • Si el hogar tiene dos o más miembros, de manera general la edad del titular estará entre 23 y 65 años salvo en los casos en que se cuente con menores a cargo. Estos hogares deberán llevar constituidos al menos un año.
  • Para todos los tipos de hogar se requerirá al menos un año ininterrumpido de residencia legal y efectiva en España, excepto en las situaciones de violencia de género, trata y explotación sexual.

Para que le sea reconocida la prestación, el hogar debe tener unos ingresos totales inferiores a la renta garantizada para su tipo de unidad de convivencia.

Además, para certificar que el Ingreso Mínimo Vital llegue a los hogares más vulnerables, se exigirá un patrimonio (descontando la vivienda habitual) inferior a 3 veces la renta garantizada anual para un hogar unipersonal, con una escala de incrementos por número de miembros en el hogar.

La prestación se percibirá mensualmente y se cobrará en 12 pagas.

Se podrá solicitar a partir del 15 de junio, aunque, para las solicitudes presentadas en los tres primeros meses, se concederá con efectos retroactivos al 1 de junio.

La solicitud será multicanal.

Se podrá presentar a través de la sede electrónica de la Seguridad Social o enviando la documentación por correo ordinario.

Además, se permitirá el acceso a través de los ayuntamientos una vez se firmen los convenios previstos y en los Centros de Atención e Información de la Seguridad Social cuando retomen la atención al público.

 MÁS QUE UNA MENSUALIDAD

El Ingreso Mínimo Vital es toda una política social que se engarza alrededor de una prestación, de forma que, más allá de la ayuda monetaria incluye estrategias de inclusión, en coordinación con las comunidades autónomas y los ayuntamientos, que permitan a las personas en vulnerabilidad transitar a una situación mejor.

Los beneficiarios/as contarán con incentivos a la contratación y también se creará un “Sello Social” para las empresas que les ofrezcan formación y empleo.

Además, se fomentará la participación en el mercado laboral con incentivos.

Cuando el titular de la prestación no tenga empleo y lo encuentre, parte de su salario estará exento transitoriamente en el cálculo de la prestación. En el caso de que esté ocupado, cuando su salario se incremente, la cuantía de la prestación se reducirá en una cantidad inferior.

En el caso de que el titular no esté ocupado, se exigirá la inscripción como demandante de empleo para el acceso a la prestación.

Para el reconocimiento de la prestación se tendrán en cuenta los ingresos del año inmediatamente anterior, aunque para atender las situaciones de vulnerabilidad generadas por la pandemia de COVID-19, también se podrá reconocer para solicitudes cursadas durante 2020 teniendo en cuenta la situación de ingresos de este año.

El resultado del Ingreso Mínimo Vital y de las distintas estrategias y políticas de inclusión será evaluado anualmente por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), mediante la emisión de la correspondiente opinión.

El Ingreso Mínimo Vital llegará a 850.000 hogares que se encuentran entre el 17% más pobre de la población, con una renta disponible media que no llega a los 310 euros mensuales.

Su finalidad es no dejar a nadie atrás y prácticamente erradicará la pobreza extrema en España.

Aspira a la participación plena de toda la ciudadanía en la vida social y económica a través de una prestación diseñada de forma innovadora, al poner en marcha una política social focalizada, evaluable y coordinada.

FUENTE: MINISTERIO DE TRABAJO Y ECONOMÍA SOCIAL

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El paro delata la temporalidad del mercado laboral y el trabajo esencial femenino

Hay 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo respecto a febrero, un 9,31% más. El aumento del paro femenino se reduce a la mitad frente al masculino.

Dramática subida del paro en el último mes como consecuencia de la crisis del coronavirus: 302.265 nuevas personas desempleadas en marzo respecto a febrero, un 9,31%, la mayor subida de la historia. Este incremento sitúa la cifra total en 3.548.312 parados/as. Además, en la última quincena, la afiliación a la Seguridad Social se desplomó en 898.822 personas.

Pero los datos no solo ponen de manifiesto la nefasta situación en la que nos encontramos, sino el nefasto escenario del que venimos: «Éramos los campeones de la temporalidad», ha añadido la ministra en una extensa rueda de prensa. En resumen, lo que ha intentado explicar Díaz es que estas cifras delatan el déficit estructural del mercado de trabajo en España: la parcialidad y la precariedad. «Y estas políticas están ahora intentando amortiguar este fallo estructural», ha concluido tras defender los ERTE como la herramienta clave para impedir la destrucción de empleo: no se despide a nadie, están en alta y cobran una prestación.

El mayor aumento del paro –en un mes que se prepara tradicionalmente para la llegada del turismo– se ha producido en la agricultura –que suma 6.520 desempleados/as más (un 4,26% más), la industria –25.194 personas (9,15%)–, la construcción –59.551 desempleados/as (22,92%)– y el sector servicios, donde se incrementa más en términos absolutos, con 206.016 (un 8,97%) nuevos/as inscritos/as.

Esto se traduce en un mayor aumento del paro masculino, que ha ascendido un 13,26% (178.967 desempleados más) y en un ritmo de crecimiento que duplica el aumento del desempleo femenino (6,5%). Según los últimos datos aportados por Trabajo, hay 1.528.942 desempleados y, pese a que el incremento ha sido menor para ellas, 2.019.370 mujeres desempleadas.

La crisis del coronavirus ha puesto en evidencia muchas cuestiones relegadas incluso por las propias administraciones, como el subsidio por desempleo para las empleadas de hogar.

Pero sobre todo, ha sacado a la luz el carácter esencial de los trabajos invisibles como el de las limpiadoras, cajeras, cuidadoras o enfermeras, sectores compuestos mayoritariamente por mujeres que en mitad de esta crisis continúan trabajando, y que vienen sufriendo buena parte de esa temporalidad y precariedad de la que hablaba la ministra.

Nuria López, abogada laboralista:  «Los países que tienen estructuras sólidas de Estado y de servicios públicos fuertes son más capaces de sostener la crisis que los que han hecho de la mercantilización y la privatización su bandera».

FUENTE: LAMAREA.COM

VIDAS DIGITALES – BRECHA DE GÉNERO – Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades

«Nuestras vidas digitales. Barómetro de la e-igualdad de género en España»: La brecha digital de género se reduce, y es inferior a la brecha generacional.

  • La brecha generacional en la disponibilidad de tecnología en el hogar (ordenador o conexión a Internet) llega hasta los 60 puntos. La de género en este caso se reduce a menos de 10 puntos.
  • El porcentaje de graduadas en estudios superiores TIC en centros españoles ha descendido casi 3 puntos desde 2013, situándose en 2017 en un escaso 12 %
  • Las habilidades digitales influyen positivamente en la tasa de empleo y el acceso a contratos indefinidos, aunque con diferencias según los grupos de edad.

 

El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información (ONTSI), de Red.es. ha publicado el estudio “Nuestras vidas digitales. Barómetro de la e-igualdad en España Archivo pdf.  Se abrirá en una ventana nueva ”.

Aunque la brecha digital de género se reduce, aún existen diferencias significativas entre hombres y mujeres en el uso personal de las TIC, que se manifiestan de distinta manera en cada generación. Entre los principales resultados obtenidos destacan que la brecha digital generacional es muy superior a la de género, que se ha ido reduciendo; por ejemplo, en cuanto a la disponibilidad de tecnología en el hogar (ordenador y acceso a Internet) en el primer caso la diferencia llega a los 60 puntos, en el segundo es inferior a 10.

Otros aspectos analizados, como el uso de Internet en movilidad, ponen de manifiesto que entre 2011 y 2018 ha tenido una gran expansión, siendo las generaciones más jóvenes las que más la han adoptado. En cuanto a las habilidades digitales, también muestran grandes diferencias entre generaciones y se produce una brecha de género en determinadas tareas realizadas. Los varones destacan en actividades como transferir ficheros entre ordenador y otros dispositivos, conectar o instalar dispositivos, comprimir ficheros o instalar software o aplicaciones; en cambio, en tareas como crear presentaciones electrónicas o usar software para editar fotos, video o audio la desventaja de las mujeres, salvo entre las más mayores, es casi nula, incluso las más jóvenes destacan un poco más que ellos.

En el uso diario de Internet, entre los grupos más jóvenes llega hasta el 90 %. En cuanto al tipo de uso, las mujeres destacan en los relacionados con salud y educación, hasta 20 puntos más y utilizan más frecuentemente las redes sociales.

Los hombres son más propensos a jugar en red, descargar software o usar banca electrónica, superando los 15 puntos de diferencia en las cohortes de edad intermedias y jóvenes.

Las habilidades digitales también están relacionadas con la tasa de empleo y el acceso a contratos indefinidos, con diferencias según los grupos de edad y el nivel de las habilidades.

En cuanto al empleo en el sector TIC en España las mujeres representan el 23 % del personal empleado, el 21 % entre el personal investigador y desciende al 16-17 % en las ocupaciones de especialistas TIC, habiendo incluso descendido 3 puntos en los últimos 7 años. Casi 3 puntos ha descendido también, desde 2013, el porcentaje de mujeres graduadas en estudios superiores TIC en centros españoles, estando en 2017 es un escaso 12 %, el mismo que el de matriculadas. Estos datos manifiestan que la tendencia no parece ser hacia el aumento de la presencia de mujeres en este ámbito.

 

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FUENTE:http://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion.do?tipo=1

El impacto económico de la brecha de género en el empleo supera los 200.000 millones, el 16,8% del PIB

  • Las mujeres cobran al año un 21,9% menos, es decir, 5.784 euros menos anuales
  • El estudio ‘Coste de oportunidad de la brecha de género en el empleo’, elaborado PwC, apunta que si la tasa de empleo de la mujer se igualase a la del hombre, aumentaría la producción y supondría la creación de 2,3 millones de puestos de trabajo.

    El estudio hace alusión a las diferencias de género en la elección de estudios y profesiones, así como a la incorporación tardía de la mujer al mercado laboral, junto a la falsa corresponsabilidad en los roles familiares y domésticos, y otras barreras de índole social y cultural, lo que conforma un difícil escenario al que se enfrenta la mujer en el terreno laboral. «El informe desvela datos de importancia estratégica y de gran magnitud, la mayor de los siete análisis realizados hasta la fecha por ClosinGap».

    «Las conclusiones ponen de manifiesto la necesidad de que se produzca un cambio en el empleo para asegurar la igualdad de oportunidades en el mercado laboral. Solo así podremos aprovechar todo el talento femenino y reducir el enorme impacto que esta brecha genera para el conjunto del país», añade.

    «Este informe habla también de sobrecualificación de las mujeres o de que los trabajos a tiempo parcial llevan nombre femenino, y concluye que reducir las diferencias en el mercado laboral entre mujeres y hombres es el primer paso para seguir avanzando en la reducción de otras brechas de género, como las de corresponsabilidad, pensiones, ocio o salud».

    Menos puestos en presidencia y alta dirección ocupados por mujeres

    El informe puntualiza que la jornada parcial es más frecuente entre las mujeres, que tienen que optar por reducir su horario para dedicarse al cuidado de niños o mayores. De este modo, la reducción de la jornada es un factor destacado que acrecienta la brecha de género en el empleo, con una diferencia de 17 puntos porcentuales en 2018: por cada hombre que trabaja a jornada parcial, hay 3,5 mujeres.

    El papel que la educación tiene, en especial la universitaria, para acceder a mejores condiciones laborales, tanto en cargo como en salario. En España, la proporción de mujeres de entre 25 y 64 años con estudios superiores es mayor a la de los hombres, con una diferencia de 5,2 puntos porcentuales. A pesar de ello, siguen existiendo diferencias significativas por género en la elección del campo de estudio y pone de ejemplo las titulaciones STEM (Sciences, Technology, Engineering and Maths), que encabezan el ranking con una ratio de 2,85 hombres por cada mujer. Las mujeres también son el grupo más afectado por la sobrecualificación, pues por cada hombre con formación universitaria que trabaja en puestos de menor rango, hay 1,12 mujeres.

    El desequilibrio sectorial sigue alimentando la disparidad de géneros en el mercado laboral, una situación que provoca que las mujeres estén más presentes en profesiones con salarios tradicionalmente más bajos, aumentando, a su vez, la brecha salarial.

    Solo un 8% de los cargos de presidencia y un 9% de las posiciones de alta dirección están ocupados por mujeres, cifras que, evidencian el ‘techo de cristal’ existente en España, a pesar de que hay más mujeres que hombres con estudios superiores.

    Un claro ejemplo es la baja representación femenina en los consejos de empresas del Ibex-35 (26%), cifra que coloca al país a gran distancia de otros países europeos.

    Las mujeres dedican más horas al cuidado del hogar y de los hijos

    Las mujeres en España trabajan 5.3000 millones de horas menos al año que los hombres, es decir, un 28% menos, fruto de una tasa de participación laboral menor y con más contratos a tiempo parcial. Al día, ellas dedican dos horas más que ellos al hogar y 46 minutos más al cuidado de los hijos/as.

    En la brecha salarial, cuantificada en cerca de 5.800 euros en salario anual y en 2,2 euros menos la hora en términos de horas trabajadas, la edad juega un papel determinante: a mayor edad, más se agudiza la diferencia, que asciende al 22,5% en el grupo de 55 a 64 años. Por último, la jornada parcial incide de forma negativa en la brecha salarial con una diferencia de sueldo por hora de 1,8 euros, es decir, las mujeres cobran cerca de un 15% menos por hora que los hombres a media jornada, concluye el informe.

    FUENTE:  INFOLIBRE